8 de Marzo 2025, día internacional de la mujer

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que la mayoría de países democráticos rinden tributo a todas las mujeres de todos los tiempos, sin distinción de origen ni clase social. Sin embargo, en sus orígenes, este día  tuvo un genuino carácter revolucionario. El “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” hunde sus raíces en las luchas  protagonizadas entre finales del siglo XIX y principios del XX por las obreras europeas, rusas y estadounidenses en pro de sus derechos laborales y del sufragio femenino. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, florecieron a lo largo y ancho de toda Europa modelos socialdemócratas que contribuyeron a profundizar la igualdad legal entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida civil. Contrariamente a la visión que promulga el feminismo oficialista, los derechos laborales, sindicales y civiles de las mujeres, no fueron alcanzados gracias a las mentes preclaras de algunas mujeres instruidas que marcaron el camino hacia la liberación de su género, sino que son la consecuencia de las luchas del proletariado femenino organizado dentro del movimiento obrero, un agente histórico fundamental para entender la construcción de los Estados de Derecho. 

Un recorrido somero por la historia contemporáneo de nuestro país nos ayuda a encontrar nuestro encaje sociológico dentro de la sociedad española. El caso de España fue particular; la anomalía democrática que supuso la perduración del régimen de Franco en la Europa de la posguerra, retrasó la plena igualdad entre hombres hasta la entrada de la democracia en 1978. Durante la dictadura, las trabajadoras sexuales fuimos reprimidas por la Ley de Peligrosidad Social, más conocida como “ley de vagos y maleantes”, la cual sería derogada en 1978 con la aprobación de la Constitución, en el marco de un proceso político que buscaba la normalización de la sociedad civil dentro de un sistema democrático. Durante  los primeros años de la democracia, el debate cultural posicionó a la derecha como guardiana de una moral tradicional, conservadora y defensora de las “buenas costumbres”. Buena parte de la izquierda, principalmente aquella vinculada al sindicalismo, defendía posiciones pro-derechos, apoyando la despenalización y la regulación de la prostitución. Tierno Galván, a la sazón alcalde socialista de Madrid, zonificó determinadas áreas de la ciudad para el ejercicio del trabajo sexual. Este equilibrio de posiciones se mantendría hasta la primera mitad de los 2000, cuando la izquierda comenzaría a abrazar posiciones abolicionistas inmersa en un nuevo paradigma de redefinición ideológica de la izquierda, iniciando un proceso de radicalización que se ha extendido hasta la actualidad, adoptando cada vez un cariz más agresivo y antidemocrático.  

En la última década, hemos sido testigos de campañas contra la prostitución que identifican  al cliente como victimario y a la trabajadora sexual como mujer victimizada, anulada, desvalida y sin capacidad de decisión. Se estableció como verdad oficial el mito de que el 90% de las trabajadoras sexuales somos víctimas de trata, aun cuando los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través del  Informe CITCO  establecen que las sentencias condenatorias por este delito son ínfimas. Incluso a día de hoy, tras la publicación en octubre de 2024 de un estudio del Ministerio de Igualdad donde rebaja notablemente la estimación de víctimas de trata al 24% de las prostitutas (cifra de la que también desconfiamos por su falta de rigor y de soporte documental), no se ha producido ninguna rectificación oficial ni por parte de los ministerios de Igualdad e Interior. Otro fenómeno no está siendo analizado con la debida atención es la proliferación de un auténtico lobby de ONGs ultra financiado con dinero público cuyo objetivo es “salvarnos” de la prostitución. Estas asociaciones, que hemos venido definiendo como la “industria del rescate”, han incrementado su presupuesto de una manera grosera durante los últimos años mientras destinan casi la totalidad de las subvenciones recibidas al pago de salarios, sin mostrar resultados que avalen los propósitos de su gestión, lo cual resulta obsceno y supone un continuo trasvase de fondos públicos a bolsillos privados. 

El abolicionismo oficialista ha hecho patentes sus limitaciones como instrumento aglutinador de un movimiento heterogéneo y transversal, sin embargo, aún goza de una posición privilegiada debido a su fuerte posición institucional, lo cual le permite contar con todos los medios económicos y mediáticos para difundir su discurso sensacionalista y paternalista. El fracaso parlamentario del PSOE en mayo del año pasado, cuando se quedó sin los apoyos necesarios para aprobar una ley abolicionista bajo el pretexto de combatir el proxenetismo, dio aliento al movimiento pro-derechos en la medida que parecía que esa hegemonía abolicionista comenzaba a resquebrajarse; sin embargo, la reciente aprobación, con los votos a favor de todos los grupos políticos excepto VOX, de incluir la prostitución en el  Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y la confección de un Anteproyecto de Ley de Trata que persiga la prostitución, ha supuesto un nuevo golpe para los actores pro-derechos. No obstante, a pesar de la gravedad de la situación, no negamos que se hayan producido ciertos avances en nuestra lucha durante los últimos años. Nuestros esfuerzos de difusión y nuestro activismo ha conseguido que una parte cada vez más sustancial de la sociedad civil, entre la que se incluyen destacados periodistas, académicos, miembros de las Fuerzas de seguridad del Estado, incluso políticos, comienzan a cuestionar las políticas abolicionistas y a valorar los argumentos pro-derechos.

El trabajo sexual  atraviesa una encrucijada. Nosotras, las trabajadoras sexuales, tenemos muy claro qué posición ocupamos en el terreno de juego. La inmensa mayoría de nosotras provenimos de la clase obrera. Nuestros problemas, nuestras  demandas y nuestras aspiraciones, son mucho más cercanas a las del conjunto de la clase trabajadora que a las de aquellas que pretenden hablar en nuestro nombre desde las tribunas políticas, tomando decisiones sobre nuestras vidas desde un escaño mientras rehúsan cualquier contacto con nosotras. También tenemos muy claro que no todas las mujeres sufrimos la misma discriminación, tal como ha tratado de imponer el relato del feminismo burgués, según el cual las mujeres constituyen una suerte de clase social con intereses particulares, oprimidas por un enemigo antagónico al que denominan patriarcado. Frente a estos argumentos manidos, nosotras sabemos que la mujer verdaderamente explotada es la mujer obrera: aquella debe conciliar vida laboral y familiar, la que cobra el salario mínimo, la que no llega a fin de mes… Es la clase social y no el género la causa de la opresión de la mayoría de las mujeres. ¿Acaso Ana Patricia Botín, las hermanas Koplowitz o  Marta Ortega tienen las mismas condiciones de vida que las empleadas de limpieza, las trabajadoras de una conservera o las cuidadoras? El hecho de que alguna de estas representantes de la burguesía hayan manifestado su adhesión al 8M, solamente confirma nuestro convencimiento acerca de la ineficacia del feminismo oficialista como instrumento de emancipación de la mujer trabajadora.