Comunicado ante la Proposición de Ley anunciada por Ana Redondo
Comunicado de la Plataforma de Personas Afectadas por la proposición de ley anunciada por Ana Redondo que pretende abolir la prostitución.
Una vez más, el Partido Socialista presentará en los próximos días en las Cortes una proposición de ley con objeto de abolir la prostitución. Según lo anticipado por la ministra de igualdad, Ana Redondo, la ley pretende incorporar tres elementos al artículo 187 del Código Penal. El primero sería la ampliación del concepto de proxenetismo, el segundo buscaría penalizar la tercería locativa, y el tercero pretende castigar a todo el que promueva actos de prostitución para lucrarse de manera sistemática. De este anuncio se desprende que el feminismo punitivo ha renunciado, como pretendía hasta ahora, multar y castigar a los clientes del trabajo sexual, que era el objetivo primero de estas iniciativas legales: “ni un putero sin dientes”, gritaban en las manifestaciones. “Sin puteros no hay prostitución”, dicen en sus textos. Ahora se ve que han dado marcha atrás, de la misma forma que han renunciado en el PSOE a expulsar a los militantes clientes de prostitución. “Es muy difícil aplicar esa medida”, han dicho algunos dirigentes del partido. Desde la Plataforma les podemos asegurar que en realidad sería muy sencillo.
Dice la ministra Redondo en el anuncio de la ley, que no se pretende castigar a las mujeres que ejercen la prostitución sino “impedir, dificultar enormemente” el ejercicio de su actividad. Para conseguir la máxima dificultad, se les va a prohibir que la desarrollen en pisos alquilados o en clubes u hoteles, porque empresarios y propietarios de pisos serán declarados proxenetas según el concepto ampliado que se pretende aprobar. La ministra nos debe explicar cómo va a lograr que no se castigue a las mujeres si cierra los lugares donde trabajan, si les hace imposible conseguir un piso donde trabajar. Su contradicción se podría resumir en una frase: “no voy contra usted pero esto que hace lo tendrá que hacer en la calle, en los parques, o en los baños públicos”. O en furgonetas aparcadas a la orilla del río, como vemos en Francia, país donde la violencia contra las mujeres se ha disparado, ante la indiferencia de los poderes públicos: “es un trabajo de riesgo”, responden desde el gobierno.
La Plataforma Stop Abolición considera que esta propuesta de ley es un acto de hostilidad que profundiza el estigma de las trabajadoras sexuales, que interfiere en nuestra libertad y que nos condena a la clandestinidad. La reforma legal que plantea la señora Redondo es más propia de una dictadura moralista que de una democracia. Ante la nueva propuesta de ley la Plataforma anuncia movilizaciones que llevarán a la calle nuestra respuesta y exige que se nos deje hablar en la comisión que estudie esta propuesta, para que una vez más, una ley que nos afecta no se haga sin tener en cuenta nuestra voz. El PSOE pretende declarar ilegales unos lugares donde se ejerce una actividad que no es ilegal. Un disparate legal.
Para argumentar nuestra posición, le queremos recordar a la ministra algunas cuestiones fundamentales:
1.-Es falso que el 90 % de las trabajadoras sexuales ejerzan su trabajo por coacciones, por presiones, o en situación de extrema necesidad. Investigadores como Carmen Meneses o José López Riopedre niegan de forma tajante ese porcentaje. En consultas a través del Portal de Transparencia, la Plataforma pidió al gobierno que aclarara la fuente de ese dato esgrimido por la Policía Nacional. El gobierno se remitió a lo dicho por la Policía. NO existe ninguna fuente que avale con rigor esa cifra. Si nos acogemos a las cifras que maneja el CITCO, el Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen organizado, que depende del Ministerio del Interior, el número de casos de explotación sexual y trata detectados cada año no llegaría al 1% del total de personas dedicadas a la prostitución.
2.-¿Y cuántas personas son esas? Pues según los investigadores que han estudiado este ámbito de trabajo, unas 120.000 directamente dedicadas al trabajo sexual. Son estimaciones similares a las que ha hecho la Agencia Tributaria cuando ha evaluado el trabajo sexual en España y ha estimado que de regularizarse, la tributación del sector sumaría más de 2.800 millones de euros a los impuestos que ahora se recaudan por esas actividades.
3.-De lo anterior se desprende que otra de las trampas mentales del abolicionismo es la confusión interesada entre prostitución y trata. Tal identificación equivaldría a confundir esclavitud con trabajo, lo que nos permitiría afirmar que todo trabajador ejerce su actividad presionado o coaccionado, o por extrema necesidad. Las investigaciones desarrolladas hasta ahora por sociólogos y antropólogos afirman que, si excluimos la trata, mujeres, hombres y transexuales ejercen el trabajo sexual con libertad y autonomía, y no tienen ninguna intención de cambiar de trabajo, y menos de acogerse a la consideración de víctimas subsidiadas por el Estado. Confundir trata con prostitución condena de antemano a todo un sector que es el más implicado en la lucha contra las situaciones de explotación, Trabajadoras sexuales y empresarios son los más comprometidos en la detección y denuncia de casos de explotación. De hecho, según las cifras del Poder Judicial, en 2020, 2021 y en 2022 no se cerró ningún local o establecimiento en España por estar citado en casos de trata.
4.-En este sentido, las cifras que ofrece la estadística del Consejo del Poder Judicial son reveladoras. En 2022 fueron procesadas 76 personas por trata, 40 fueron condenadas, 35 de ellas por prostitución coactiva. De esas condenas, tan solo UNA llegó a través de denuncias de las organizaciones de la llamada “industria del rescate”. ONG’s que se dedican a alarmar a la población inflando estadísticas y cifras, y que multiplican por miles los casos que dicen que son de trata con fines de explotación sexual para justificar las subvenciones que reciben, contribuyeron con UNA SOLA DENUNCIA en el año judicial de 2022 a la lucha contra la trata.
5.-Lo que oculta el abolicionismo es que en los países que han aplicado leyes similares ha aumentado la violencia contra las trabajadoras sexuales, los ataques, las violaciones, los robos, o la quema de caravanas, sobre todo en Francia, donde ejercen su trabajo. Los índices de violencia en Francia contra las trabajadoras se han multiplicado por cinco. Otro de los efectos de la ley francesa, que incluye un programa de acogida a aquellas mujeres que quieran dejar la prostitución, es que las que han aceptado el programa no llegan a 150.
6.-Podemos detenernos también en los estudios que manejan de “expertas” en prostitución, como Melissa Farley. Se trata de una las escritoras más citadas por el abolicionismo. Basta decir que su propia ayudante Collen Winn denunció a Farley por manipular y tergiversar los datos obtenidos en sus investigaciones para obtener conclusiones que apoyaran sus posiciones políticas. Farley hacía decir a los datos lo que no decían.
7.- Por lo que se refiere a España, el Ministerio de Igualdad licitó un proyecto para estudiar la prostitución en nuestro país. La licitación quedó desierta, porque ningún equipo sociológico presentó su candidatura ante lo exiguo del presupuesto planteado. Nunca en España se ha hecho un estudio serio, completo y exhaustivo sobre la prostitución, Por tanto, las afirmaciones de que el 40% de los españoles consumen servicios sexuales, o que España es el primer país consumidor del mundo, son falsas mientras no las demuestre un estudio científico.
Nos sobran razones para oponernos a una reforma legal que no tiene ningún sentido, que pretende ilegalizar los lugares donde se realiza una actividad que no es ilegal. Por todo ello, anunciamos que volvemos a la calle, con el objetivo de parar una reforma legal dictada por el moralismo populista y por la necesidad de un partido, el socialista, de tapar sus propias vergüenzas con una túnica de hipocresía.
