Canadá evalúa la constitucionalidad de sus leyes contra el trabajo sexual
Un caso en el Tribunal Supremo de Canadá cuestiona la prohibición de beneficiarse económicamente del trabajo sexual.
Traducido desde: Canada Considers Constitutionality of Sex Work Laws
¿Las leyes sobre trabajo sexual de Canadá violan su constitución? Un caso presentado ante el Tribunal Supremo trae la cuestión al primer plano de la legislación canadiense.
El caso es Kloubakov v. Canadá. Fue presentado por dos hombres, Mikhail Kloubakov e Hicham Moustaine, que trabajaban como conductores para mujeres a las que se les pagaba por sexo. Fueron declarados culpables de beneficiarse económicamente y de ayudar a conseguir clientes para servicios sexuales.
Cómo se llegó hasta aquí
En 2014, Canadá adoptó un controvertido modelo de regulación del trabajo sexual conocido como Modelo Nórdico (o, perversamente, "modelo de igualdad"). Según este modelo, vender sexo no es en sí mismo un delito, pero pagar por sexo sí lo es. También es ilegal que cualquier tercero se beneficie financieramente del trabajo sexual, por ejemplo dirigiendo una agencia de escorts, publicitando trabajadoras sexuales o sirviendo como guardaespaldas de una trabajadora. También es ilegal anunciar prostitución o conseguir clientes para la actividad.
La actual ley canadiense, conocida como Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas (PCEPA), incluye algunas disposiciones que permiten arrestar a las propias trabajadoras sexuales. Por ejemplo, ofrecer servicios sexuales en determinados lugares públicos es un delito.
La ley de 2014 fue aprobada en respuesta a un caso de 2013 del Tribunal Supremo. En ese caso (Canadá v. Bedford) el Tribunal había anulado leyes contra la posesión de burdeles, la publicidad de prostitución y la posibilidad de vivir de los ingresos de la prostitución, sosteniendo que estas prohibiciones violaban la Carta Constitucional de Derechos y Libertades de Canadá. "El Parlamento tiene el poder de regular contra los efectos nocivos de la prostitución, pero no a costa de la salud, la seguridad y la vida de las prostitutas", dijo la presidenta del Tribunal Supremo, Beverly McLachlin.
"Las prohibiciones...no sólo imponen condiciones sobre cómo deben trabajar las prostitutas", afirmó el Tribunal. "Van un paso crítico más allá, al imponer condiciones peligrosas a la prostitución; impiden que las personas involucradas en una actividad arriesgada pero legal tomen medidas para protegerse de los riesgos"
El Parlamento canadiense actuó rápidamente no sólo para criminalizar gran parte de la actividad sobre la que se había pronunciado el Tribunal, sino también para aumentar estas prohibiciones, penalizando ahora también la compra de servicios sexuales. Desde entonces, los defensores de los derechos de las trabajadoras sexuales han estado argumentando que las nuevas leyes son igualmente inconstitucionales.
Las trabajadoras sexuales y sus aliados pasaron 6 años abogando para que el gobierno defendiera los derechos de las trabajadoras sexuales establecidos en la Carta. Para que respetara la decisión en el caso de Bedford y revisara los delitos de trabajo sexual introducidos a través de la PCEPA, sin éxito, según la Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley del Trabajo Sexual (CASWLR). En 2021 presentaron una demanda para revocar las nuevas leyes. En marzo de 2021, después de años de inacción por parte del Parlamento para derogar los actuales delitos de trabajo sexual, las trabajadoras sexuales se vieron obligadas a acudir a los tribunales para impugnar dichas leyes y para proteger sus derechos humanos. El Tribunal Superior de Ontario desestimó el caso de 2021 presentado por CASWLR y un grupo de trabajadoras sexuales. Su apelación aún está pendiente.
El caso actual
Los abogados de Kloubakov y Moustaine argumentaron ante el tribunal, los días 12 y 13 de noviembre, que ciertas disposiciones de las actuales leyes de trabajo sexual de Canadá violan la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que garantiza a todas las personas el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal.
El caso Kloubakov solo se centra en los dos delitos de los que Kloubakov y Moustaine fueron acusados (beneficiarse materialmente de la prostitución y de los beneficios de personas en el trabajo sexual) y no en todo el paquete de leyes antiprostitución. Esto ha frustrado a algunos defensores de los derechos de las trabajadoras sexuales, informa Emily Gwun-Shun Lennon en el National Post de Canadá.
"Esperamos que el Tribunal Supremo anule estas dos disposiciones y que tengamos la oportunidad de argumentar que las otras disposiciones también son inconstitucionales", dijo Jenn Clamen, de la CASWLR. Derogar ahora solamente las dos disposiciones en cuestión podría seguir siendo un beneficio para la seguridad y la calidad de vida de las trabajadoras sexuales.
Una trabajadora sexual de Winnipeg llamada Austin le dijo a Gwun-Shun Lennon que la gente cree que las trabajadoras sexuales están bien bajo las leyes actuales, ya que vender sexo no es directamente ilegal. Pero "la forma en que realmente operan estas leyes es que criminalizan casi todos los aspectos que se necesitan para vender sexo y eso afecta drásticamente a la seguridad, nuestra seguridad. Se inmiscuye en muchos aspectos de ser una trabajadora sexual tanto en lo laboral como lo personal”.
En igualdad de condiciones, sin embargo, probablemente habría sido mejor si el caso del CASWLR hubiera sido el primero en llegar al Tribunal Supremo. El caso actual, el caso Kloubakov, podría ser más difícil de justificar, considerando sus circunstancias particulares. Kloubakov y Moustaine trabajaban en una empresa de escorts cuyos propietarios fueron condenados por trata de personas. Por esta razón, algunos sugieren que la condena de Kloubakov y Moustaine significa que el sistema funciona.
"Los hechos del caso Kloubakov demuestra por qué el Parlamento promulgó las leyes" escribió Debra M Haak, profesora asistente de derecho en la Queen's University de Ontario. "Se trata de una operación contra el tráfico sexual, eran mujeres siendo trasladadas por todo el país para ofrecer sexo a hombres a cambio de dinero"
Sin embargo, la existencia de esas condenas por trata de personas nos muestra que hay formas de castigar a quienes participan en actividades de explotación o amenaza sin emplear las leyes que prohíben beneficiarse financieramente o contratar a alguien para servicios sexuales. Y si Kloubakov y Moustaine estuvieran involucrados directa o conscientemente en violencia o explotación, podrían haber sido acusados bajo la ley canadiense sobre trata de personas. Entre otras cosas se criminaliza transportar a una persona con el fin de explotarla o facilitar su explotación por otra persona.
El hecho de que Kloubakov y Moustaine no fueran condenados por trata sugiere que existe una diferencia cualitativa entre lo que hicieron (beneficiar/procurar) y los delitos que podrían considerarse trata. Y esto refuerza los argumentos a favor de no tratar a uno como sinónimo del otro.
En cualquier caso, el hecho de que Kloubakov y Moustaine puedan haber trabajado para una empresa explotadora no significa que cualquiera que se beneficie de o reclute a alguien para prostitución está cometiendo un delito. Por diversas razones, las trabajadoras sexuales pueden emplear voluntariamente a terceros, como conductores, u optar por trabajar para alguien que recibe una parte de sus ingresos a cambio de servicios como encontrar y filtrar clientes, concertar citas o brindar seguridad.
Tal como están las cosas, las trabajadoras sexuales canadienses que desean emplear a terceros por cualquier motivo se ven obligadas a trabajar en un mercado negro, con todo el riesgo adicional que conlleva. De hecho, las trabajadoras sexuales canadienses en general trabajan en un mercado negro, ya que sus clientes están criminalizados y también lo son las comunicaciones sobre sus servicios.
Lejos de permitir la violencia y la explotación, derogar las leyes PCEPA permitiría a las trabajadoras sexuales trabajar de maneras más seguras y rentables, al tiempo que privaría de la posición de dominio que deriva de la criminalización a quienes se aprovechan de ello.
La Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica es uno de los grupos que intervino del lado de los demandantes, lo que significa que también quiere que se deroguen las regulaciones. "Al criminalizar el trabajo sexual y limitar a las trabajadoras sexuales a asociaciones laborales sin fines de lucro (una hipótesis poco realista), la ley actual impide que las trabajadoras evalúen y aborden sus necesidades de seguridad y protección", dijo el grupo en julio. "Se enfrenta a las trabajadoras sexuales con una elección insostenible: trabajar solas, poniéndose en condiciones materialmente peligrosas, o correr el riesgo de ser criminalizadas al elegir trabajar con otras por su propia seguridad y bienestar".
