El retrasado informe sobre los efectos de la legislación del trabajo sexual en Irlanda incluye peticiones de despenalización total

Traducido desde: Long-awaited review of sex work legislation includes calls for full decriminalisation

Autor: Diarmuid Pepper

Martes 25 de marzo de 2025

El tan esperado informe sobre los efectos de la legislación relativa al trabajo sexual se ha publicado casi cinco años después de su fecha límite inicial. La Ley de Delitos Sexuales de 2017 prometía la realización de un informe para evaluar su impacto en las trabajadoras sexuales pasados tres años. Inicialmente, debía publicarse en 2020, pero se retrasó debido a la pandemia del Covid-19. Durante el verano de 2021, se le encomendó la tarea de supervisar el informe a la abogada Maura Butler. Se debía publicar en un plazo de tres meses pero, sin embargo, se produjeron varios retrasos, incluida la tarea de Butler de supervisar otro informe, esta vez sobre asesinatos y suicidios.

El informe está disponible aquí: gov.ie - Review on the Operation of Section 7A of the Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993

Legislación

La Ley penal de delitos sexuales de 2017 despenalizó la venta de sexo, tipificó como delito la compra del mismo y aumentó la pena prevista para la gestión de burdeles. Anteriormente, pagar por servicios sexuales sólo era delito si la persona que vendía sexo era víctima de trata o menor de edad.Y si bien no es delito recibir dinero a cambio de servicios sexuales, es también ilegal publicitar dichos servicios.

El Departamento de Justicia dice que la legislación fue diseñada para “trasladar la carga legal hacia quienes compran sexo en lugar de hacia las vendedoras, con el objetivo de proteger a quienes corren mayor riesgo dentro de la industria del sexo“. Estos cambios buscaban disuadir la demanda de sexo de pago, que según el Departamento de Justicia estaba vinculada tanto a la explotación sexual como a la trata de personas. “Mi posición es que la prostitución es inherentemente una explotación de personas vulnerables, principalmente mujeres y niñas, y que muchas personas se ven obligadas a prostituirse debido a la trata, la drogadicción, la falta de vivienda y la pobreza”, expresaba el Ministro de Justicia Jim O'Callaghan. Señala también que este informe ha sido “muy esperado por las partes interesadas en los organismos sobre violencia de género, sexual y otros tipos“.

Despenalización

El Departamento de Justicia señala que el informe pone de relieve las preocupaciones de los defensores de la despenalización de la prostitución. La Sex Worker Alliance Ireland (SWAI), que aboga por los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, pide la despenalización total. Señala que SWAI cuenta con el apoyo de “otros investigadores, activistas y organizaciones, incluida Amnistía Internacional“. Se sugiere que eliminar el delito penal de “gestionar burdeles” permitiría a las trabajadoras sexuales trabajar juntas sin penalización, por su propia seguridad. “Existen opiniones contradictorias sobre si la ley sobre burdeles debería modificarse para reconocer que es más seguro para quienes venden servicios sexuales trabajar juntos en igualdad de condiciones, cuando no existe coerción por parte de un tercero”, según el informe. SWAI defeinde que la legislación sobre burdeles “impacta negativamente en la seguridad de quienes venden sexo, en particular las inmigrantes”.Sin embargo, la Gardaí (policía irlandesa) dice que “se opondría firmemente” a la eliminación de la tenencia de burdeles como delito y se argumenta en otra parte que eliminar este delito ”podría expandir involuntariamente el mercado de servicios sexuales“.

Recomendaciones

El informe también destaca los desafíos para la aplicación efectiva de la legislación en su forma actual, como señalan An Garda Síochána y la Oficina del Director del Ministerio Público. Ha habido un total de 280 denuncias de “pago por actividad sexual” desde la introducción de la legislación en 2017. Entre ellos se incluyen la limitada capacidad para el arresto, la detención o el interrogatorio, el requisito de admisión de culpabilidad o la de conseguir «pruebas irrefutables de pago por actividad sexual».

Según An Garda Síochána, el Ministerio Público ha impulsado 161 denucnias por el delito de ‘pago por actividad sexual’ desde enero de 2017 hasta agosto de 2024. Durante ese período, el Garda Pulse System (base de datos de la policía) indica que ha habido 15 condenas en virtud de dicha legislación.Pero a pesar de las peticiones de los defensores de una despenalización total, el informe recomienda que se considere la mejora de las capacidades de aplicación de la ley. Esto incluye examinar los desafíos de “el poder limitado de arresto para detención e interrogatorio”, y crear un sistema de multas in situ, con avisos de sanciones para el comprador de sexo. También recomienda acciones específicas y campañas de concienciación de las leyes, y cumplir con el compromiso de preparar al personal de atención sanitaria y social para identificar a posibles víctimas de la trata.

O'Callaghan señala que se llevarán a cabo más consultas con Gardai, el PPD (Fiscalía) y otras partes interesadas en relación con las recomendaciones del informe, que, según dice, requerirán cambios en la legislación. El Ministro de Justicia añade que su objetivo clave es reducir la demanda, proteger a quienes participan en la industria del sexo y apoyar a quienes desean salir de ello. “Lamentablemente, el Informe destaca que a pesar de la criminalización de la compra de servicios sexuales, la demanda no ha disminuido.”

‘Oportunidad perdida’

Amnistía Internacional Irlanda describe el informe como una “oportunidad perdida”. Pide al Ministro que “respete las pruebas reales y despenalice el intercambio consensuado de servicios sexuales entre adultos“. Stephen Bowen, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda, dice que la ley en Irlanda “obliga a las trabajadoras sexuales a vivir en un sistema violento y facilita su abuso y explotación, y aumenta el estigma”. Dice que la Ley de 2017 siguió adelante “a pesar de la evidencia de otros países de que un enfoque de criminalización de los compradores de sexo obligaba a las trabajadoras sexuales a correr más riesgos con los clientes, evitando a la policía, poniendo en peligro sus vidas y su seguridad”. Añade que hubo “poco contacto o consulta con las trabajadoras sexuales durante el informe” y que, como resultado, “no hay base ni evidencia para gran parte de lo que se afirma o propone”. 

Mientras tanto, Bowen dice que mantener la delictividad de los burdeles “impide que las trabajadoras sexuales trabajen juntas para garantizar su propia seguridad y las deja vulnerables a la explotación, el desahucio y la falta de vivienda”. “En cambio, la ley penal debería estar dirigida a quienes explotan o coaccionan a las trabajadoras sexuales y cometen violencia contra ellas, o que participan o facilitan la explotación infantil o la trata de personas,” añade. “Penalizar a quienes compran sexo no es una solución”, dice Bowen, ”y seguir fingiendo lo contrario es un incumplimiento del deber del Gobierno.“Pide la despenalización total y la eliminación de los delitos cometidos por terceros “que no impliquen abuso, coerción o explotación”. “Esto permitirá que los recursos de la Garda se dirijan a la violencia real, no a vigilar y acosar a las trabajadoras sexuales.”